Foto: Agerpres
Hoy se cumple un año desde que se disolvieron violentamente las protestas pacíficas que se saldaron con más de setecientos civiles heridos. El caso se encuentra en manos de la justicia si bien aún no se ha condenado a ninguno de los responsables del operativo y la investigación se encuentra en punto muerto. Por ese motivo ha sido convocada una gran protesta en Bucarest a las 17 de la tarde frente al Ministerio del Interior desde dónde a las 19 se iniciará una marcha hasta la sede del Dirección General de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) finalizando la misma en Plaza Victoriei. Se espera una gran afluencia de manifestantes, 250.000 según los organizadores, dado que coincide con el regreso por vacaciones de muchos rumanos emigrados. Los manifestantes quieren con este acto expresar su insatisfacción por el modo en el que los gendarmes intervinieron contra los protestantes usando gases lacrimógenos de forma abusiva, solicitan asimismo la identificación y condenas de los culpables de lo sucedido y la desclasificación de los documentos operativos del 10 de agosto de 2018.
El 10 de agosto del año pasado unas 100.000 personas protestaron en Plaza Victoriei en Bucarest en contra de las reformas de las leyes de la justicia, el Código Penal, la destitución de la Fiscal General de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruța Kövesi, asi como en contra de que el presidente del PSD Liviu Dragnea hubiera sido nombrado presidente de la Cámara de Diputados pese a estar pendiente de condena por corrupción. Por todo ello se solicitaba la dimisión del Gobierno. En la protesta tomaron parte también rumanos residentes en el extranjero, la denominada diáspora, que regresaban a casa de vacaciones y que a lo largo del 2017 se habían ya sumado en sus países de residencia a las protestas que periódicamente se habían ido sucediendo en Rumania.
Miles de manifestantes, jóvenes, familias con niños, ancianos y la gente habitual de las protestas proseguían con el talante tranquilo de las manifestaciones que llevaban ya un año organizándose periódicamente. Ese día hubo un masivo despliegue policial, más amplio que en ocasiones anteriores, y desde primeras horas de la tarde ya hubo algún incidente entre protestantes y policías quienes no dudaron en utilizar gas pimienta contra los manifestantes. La tensión fue creciendo cuando grupos aislados de ultras de varios equipos de futbol intentaron transformar la protesta pacífica en violenta, los manifestantes inmediatamente comenzaron a apartarse de estos grupos problemáticos para dejar que la policía los identificara y sacara del perímetro de protesta, tal y como establecen los protocolos de actuación policial en estos casos, si bien las autoridades públicas dieron orden de cargar contra los manifestantes y evacuar la plaza.
Los antidisturbios comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a los manifestantes y a perseguirlos, se utilizaron cañones de agua y porras, con total contundencia haciendo caso omiso al hecho de que los manifestantes estaban protestando de forma pacífica y tan solo un grupo claramente identificable causaba problemas. El resultado fue una brutal carga policial como no se había visto en Rumania desde los 90 durante las famosas “mineriadas” apaleamientos, detenciones arbitrarias y persecuciones por las calles adyacentes a la plaza hasta medianoche, que se saldó con gendarmes y manifestantes heridos, muchos protestantes acabaron hospitalizados y posteriormente presentarían denuncias por abuso contra las fuerzas del órden.
Según el portavoz de la Gendarmería rumana la intervención fue aprobada por orden del prefecto de la capital, Speranța Cliseru, a las 23:11 información que fue desmentida por el portavoz del Fiscal General, Alexandru Ionescu, según el cual la orden de intervención contra los manifestantes fue preparada por el “comandante de la acción” a las 20 y aprobada por el prefecto de Bucarest. Los fiscales militares afirmaron que la orden de intervención no era legal y que la persona que coordinó la intervención falsificó el momento en que se firmó el documento. En un comunicado de prensa emitido el 21 de septiembre de 2018, los fiscales declararon:
“La apariencia de legalidad creada permitió a las fuerzas del orden dentro de la Gendarmería rumana, dada la situación operativa y necesidad de inmovilizar a las personas turbulentas, utilizar los medios provistos para evacuar a los manifestantes ubicados en Plaza Victoriei, ejerciendo violencia injustificada, incluso contra los niños y causando lesiones a un gran número de participantes en las protestas”.
La ministra del Interior, Carmen Dan, y el portavoz de la Gendarmería rumana Marius Militaru describieron las acciones de los gendarmes como “justificadas” alegando que los manifestantes intentaron entrar por la fuerza a la sede del Gobierno en lo que ellos consideraban una intentona de golpe de Estado. Esta posición también fue reiterada por Paul Stănescu, primer ministro en funciones hasta el 13 de agosto, ya que Viorica Dăncilă estaba de vacaciones, incluido el día de la manifestación.
Tras las cargas policiales la Fiscalía Militar adscrita al Tribunal Superior de Casación abrió diligencias penales contra la intervención de los gendarmes durante la protesta y hasta el 30 de agosto se interpusieron 763 denuncias por parte de manifestantes heridos durante los hechos.
La intervención policial fue duramente criticada tanto por el presidente de Rumanía como por la prensa e instituciones internacionales. Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por las “acusaciones de uso indiscriminado de productos químicos irritantes para dispersar la protesta e instó a las autoridades rumanas a iniciar investigaciones “rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales”.
Los parlamentarios del Partido Socialdemócrata en Suiza también criticaron la “violencia total desproporcionada y políticamente motivada” de la Gendarmería.
El portavoz de la Comisión Europea, Christian Spahr, también declaro que “La Comisión Europea seguía de cerca los acontecimientos en Rumania y que los manifestantes criticaron la disminución del progreso en las áreas de reformas judiciales y la lucha contra la corrupción. En el contexto del proceso de MCV, la Comisión Europea monitorea los eventos con preocupación y otorga mayor importancia a la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción. Las protestas pacíficas terminaron en violencia y la violencia nunca puede ser una solución en la política” .
Por su parte diversas ONG.s nacionales expresaron su condena a los hechos y se dedicaron a dar a conocer lo sucedido a instituciones internacionales como Naciones Unidas a través de informes donde recogían la cronología de los hechos y testimonios.
El día 11 de agosto bajo el lema “No nos iremos hasta que no os vayáis” se sucedieron nuevas manifestaciones multitudinarias de protesta en Bucarest y en las principales ciudades rumanas.
En noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no legislativa sobre el estado de derecho en Rumania, condenando la intervención policial “violenta y desproporcionada durante las protestas en Bucarest en agosto de 2018 “recomendando a las autoridades” oponerse a medidas que conduzcan a la despenalización de la corrupción entre los funcionarios estatales y aplicar la estrategia nacional anticorrupción.
Estado actual del caso
Un año después sólo 18 ultras han sido identificados y acusados, pero ninguno de los gendarmes ni sus superiores han sido condenados. Laurențiu Cazan, el coordinador de los gendarmes en la protesta del 10 de agosto, el Secretario de Estado Mihai Chirică, Sebastian Cucoș el segundo de la Gendarmería rumana, y Ionuț Sindile el inspector general de la Gendarmería rumana, fueron acusados de varios delitos pero no han sido procesados. Cucoș acaba de ser nombrado Jefe de la Gendarmería de Bucarest.
El expediente abierto de oficio, la noche del 10 al 11 de agosto, por el Fiscal Militar Bogdan Pîrlog del Tribunal Militar de Bucarest contiene 708 denuncias de manifestantes en contra de los gendarmes, sus jefes, el ex ministro de Interior Carmen Dan y Liviu Dragnea, el ex pesidente del PSD, actualmente en prisión. Los fiscales militares comenzaron en septiembre del 2018 las investigaciones en contra de los ex jefes de la Gendarmeria, coroneles Sindile y Cucoș y el mayor Cazan, así como Mihai Chirică el antiguo secretario de estado del Ministerio del Interior quien coordinaba la actuación de los prefectos. Se les acusaba de abuso de poder, comportamiento abusivo, participación en falso intelectual uso indebido de falso intelectual y complicidad para llevar a cabo todas estas infracciones. En su comunicado de prensa se describían las acusaciones de la siguiente manera:
El coronel Cucoș Gheorghe Sebastian y el coronel Sindile Ionuț Cătălin, en la noche del 10 / 11.08.2018, en ausencia de una orden o disposiciones que autorizaran la toma del mando del comandante Cazan Laurențiu, dieron órdenes directas a las fuerzas policiales, participaron ilegalmente en la gestión de las operaciones ayudando a las fuerzas del órden a implementar la intervención ilegal para evacuar a los manifestantes ubicados en la Plaza Victoriei, lo que causó un daño a los derechos legítimos de la mayoría de los manifestantes con respecto a la libertad de expresión y libertad de reunión, con la consecuencia del ejercicio por parte de las fuerzas del orden dentro de la Gendarmería rumana de actos de violencia injustificados hiriendo a un gran número de los participantes de la protesta”.
En mayo de este año la Fiscalía Militar ampliaba las acusaciones por complicidad en el abuso de autoridad y participación en el abuso, en este caso los fiscales hacían referencia a actos de provocación organizados para justificar la intervención por la fuerza de los gendarmes incluso contra manifestantes pacíficos.
Por su parte la Gendarmería se ha defendido iniciando un expediente ante la Dirección General de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) con las denuncias de los jefes del Gendarmería alegando una presunta tentativa de golpe de Estado por parte de los manifestantes, delito que se considera un acto contra el orden constitucional y que pasaría a ser competencia de este organismo. Miembros del partido y del actual gobierno han sostenido estas acusaciones desde el primer momento y recientemente la primer ministro Viorica Dăncilă ha reiterado en declaraciones a la prensa que está convencida que lo que sucedió el 10 de agosto del año pasado fue una intentona golpista llegando incluso a comparar a los manifestantes con los “chalecos amarillos” franceses.
Hace escasamente unas semanas la Fiscalía Militar decidió unir ambos expedientes que de momento permanecen paralizados en la Dirección General de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) a la espera de ser instrumentalizados.
